Ciudad Victoria, 1972-2016
Asesinada con arma de fuego.
Ningún detenido.
POR DANIELA MENDOZA LUNA
Zahamyra era “hija de la luna y el sol”. Así le decían en el periódico La Verdad de Tamaulipas, en donde comenzó su carrera periodística. Su madre, Esther Luna, coordinaba las secciones de Sociales y de Cultura; en esta última trabajaba también su padre, Juan Bautista, a quien los reporteros apodaron Señor Sol.
Creció en la sala de redacción y su pasión era contar “las historias más felices de las personas”, recuerda Luna. Su ímpetu la llevó a trabajar en periódicos como El Mercurio y El Diario de Ciudad Victoria, y a tener espacios en el canal 26 de Tampico, cuando estaba afiliado a Televisa, y en la radio cultural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Aunque estudió Derecho en la UAT y después una especialización en Lengua y Literatura en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, siempre ejerció como reportera y maestra de secundaria, cuenta su madre.
En Tamaulipas, casi todos los reporteros tienen más de un trabajo, explica Perla Anzúa, compañera de Zahamyra en algunas coberturas. Las condiciones laborales son precarias y, con un salario de alrededor de 6 mil pesos mensuales, es común que los periodistas busquen completar sus ingresos con otras actividades.
Cuando se publicó la noticia de su asesinato, algunos medios la identificaron como “exreportera”; otros, como profesora. Lo cierto es que, a decir de su madre, “Zami” siempre hizo ambas cosas.
La mañana del 20 de junio de 2016, Luna recibió una llamada de su nieto Marco: “Teté, acaban de balacear a mi mamá”. Tenía 44 años. Varios hombres le dispararon, alrededor de las 6:30 horas, cuando se disponía a salir en su coche, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas, que también informó sobre un mensaje dejado por sus atacantes vinculándola con un grupo delincuencial que opera en la zona.
Zahamyra, cuenta su madre, llevaba varias semanas lidiando con un conflicto laboral. Si bien estaba inconforme con la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por consejo de sus padres —que también fueron maestros— rindió el examen de aptitudes y aprobó para dar clases ante un grupo. Pero en la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, correspondiente a Tamaulipas, se topó con algunos problemas. Según una excompañera que pidió omitir su nombre, los últimos textos de la reportera, en medios alternativos que publicaban en Facebook, versaron sobre esos conflictos.
Zahamyra tuvo un conflicto específico con un supervisor del Sindicato, cuyo nombre su madre, Esther Luna, prefiere no revelar por temor a represalias. El origen de los roces eran las publicaciones en redes sociodigitales que hacía la periodista y docente; en ellos señalaba que la reforma educativa era más bien laboral, y que limitaba los derechos de las y los trabajadores de la educación, sin impacto positivo en la calidad de la instrucción que recibirían los estudiantes. El supervisor le pidió en varias ocasiones que borrara o cambiara el tono de esos mensajes pues “daba una mala imagen al Magisterio y al plantel para el que ella laboraba.”
La madre de Zahamyra y varias de sus compañeras, que pidieron no ser mencionadas con su nombre, coinciden en que los maestros enfrentan en Tamaulipas problemas similares a los de los periodistas: confrontaciones con el poder político y encuentros no deseados con integrantes de la delincuencia organizada.
Como muchas y muchos docentes de secundaria, Zahamyra convivía con adolescentes que tenían vínculos familiares con miembros de grupos delincuenciales; por lo tanto, siempre se encontró entre dos fuegos.
Luna recuerda claramente la llamada telefónica que recibió de su hija el día anterior a su asesinato: “’Mami, mami, me vienen siguiendo desde la escuela’. Yo creo que la siguieron para ver dónde vivía, porque al día siguiente es que recibí la llamada de mi nieto”.
Los servicios médicos tardaron más de 40 minutos en llegar a la escena del crimen, al igual que los policías, que no ordenaron una movilización inmediata para la búsqueda de los responsables. La PGJE radicó el caso en la Unidad General de Investigación 1, con el número 272/2016, que continúa en trámite.
En los primeros meses, Juan Bautista, el padre de la periodista, acudió con frecuencia a diversas oficinas de las autoridades estatales para preguntar sobre el progreso de la investigación. Llegó hasta la Secretaría de Gobernación, donde le informaron que no había nada nuevo que reportar. Desde entonces, la PGJE no le ha notificado ningún avance.
A esta falta de resultados se sumó la denuncia hecha, el 21 de junio de 2016, por la asociación civil Casa de los Derechos de Periodistas en su página de Facebook: “CDP manifiesta su indignación y rechazo por las prácticas de autoridades de seguridad pública y administración de justicia que criminalizan a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión, como es el caso del llamado Grupo de Coordinación Tamaulipas, responsable de la seguridad pública en aquella entidad del noreste del país, mismo que sin esperar las indagatorias de la fiscalía sobre el asesinato de la periodista freelance y profesora, Zahamyra Esther Bautista Luna, difundió información que supuestamente la vincula con un grupo del crimen organizado que opera en Ciudad Victoria, Tamaulipas”.
Relacionar a los periodistas asesinados con grupos criminales se ha convertido en un recurso utilizado por las autoridades para desestimar estos hechos, según integrantes de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, quienes se suman a la petición de omitir sus nombres debido a que han sido víctimas de amenazas.
“Siempre quieren justificar, evadir el hecho de que en el Estado mexicano no tenemos las condiciones básicas para ejercer el periodismo. En todos los casos, siempre señalan cosas que no tienen nada que ver, no las creemos”, señalan. “Dicen que (el asesinato) se relaciona con su vida personal, o con otras cuestiones, y la verdad es que estamos colocados en el peligro de un lado y del otro, ya no queremos decir que somos periodistas”.
Dedicarse a la “prensa rosa”, como califican algunos a las notas de sociales y de cultura, no es una garantía de seguridad en Tamaulipas, afirma Anzúa.
“Hay temas que tú puedes imaginar que no tienen ninguna relación con la inseguridad, con la delincuencia, y resulta que sí. Puede ser una nota social que ni te imaginas, una nunca sabe si se está metiendo en una situación complicada”.
El asesinato de Zahamyra fue sorpresivo porque se trataba de una persona conocida por su alegría, su sensibilidad, y su interés en promover la cultura, especialmente las actividades artísticas de los oriundos de Tamaulipas.
Entre el gremio periodístico persiste la indignación, por considerar que las autoridades buscan desestimar su labor y su legado. Cada vez se trabaja con más temor, existe autocensura e incluso hay colegas que abandonan la profesión para dedicarse a otras actividades.
Los grupos delincuenciales abarcan todos los sectores de la vida en el estado, por lo que ejercer el periodismo es similar a caminar en un campo minado. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen a Tamaulipas como una “zona de silencio”. En el estado no existe el periodismo de denuncia, y aún menos de investigación, como resultado de la autocensura y la coerción oficial. Esto se percibe de un modo más agudo en Ciudad Victoria, Tampico y Reynosa.
Las actividades de Zahamyra giraban alrededor del periodismo y el magisterio. Su hijo, sus padres y su hermano eran el centro de su vida familiar. “Ponía de cabeza la casa”, recuerda su madre. En las fiestas se mostraba orgullosa de su trabajo como reportera de sociales: “Me toca cubrir lo mejor de la vida de las personas”.
