ANA MARÍA MARCELA YARCE VIVEROS-ROCÍO GONZÁLEZ TRÁPAGA

Puebla, 1963-Ciudad de México, 2011

Ciudad de México, 1961-2011

Asesinadas con arma de fuego.
Tres sentenciados. Un detenido.

Por: HENA CAROLINA VELÁZQUEZ

Quienes las conocieron afirman que eran inseparables. Marcela, de pelo rizado y moreno, era alegre y enemiga de las discusiones. Rocío tenía el pelo castaño lacio, la tez blanca, y un carácter fuerte.

Las dos periodistas fueron asesinadas entre la noche del 31 de agosto y el amanecer del 1 de septiembre de 2011. Poco antes de las siete de la mañana del día en que el presidente Felipe Calderón rendiría su quinto informe de gobierno fueron encontrados sus cuerpos desnudos, con signos de violencia, en el parque El Mirador de la colonia Predio Maravillas, en Iztapalapa.

Marcela y Rocío yacían cubiertas con una lona azul, atadas de pies y manos, con un cordel alrededor del cuello. Tenían marcas de golpes y dos impactos de bala.

Antes del informe presidencial, en la sesión de apertura del Congreso se condenó el asesinato y se guardó un minuto de silencio en su memoria. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal calificó los crímenes como un atentado contra la libertad de expresión.

Marcela era una mujer franca y amable, cuenta Nydia Egremi, editora y analista de temas internacionales en la revista Contralínea y en TeleSur. Para sus dos hijos, Fernanda y Carlos Jesús, fue una madre estricta y amorosa, relatan sus amigos.

Tras estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en la que también cursó una maestría en Periodismo, se inició como periodista y conductora en el Grupo Acir. Trabajó para el Canal Estatal de Puebla y los diarios locales La Opinión y La Voz; también fue corresponsal del periódico Novedades.

Laboró en las áreas de comunicación social del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y de las secretarías federales de Salud y de Energía. Coordinó también campañas de candidatos a diputados; con experiencia en consultoría, publicidad y mercadotecnia, trabajó para organismos no gubernamentales y empresas privadas. Su último empleo fue como directora de relaciones públicas y comercialización de las revistas Contralínea —de la que fue reportera y fundadora en 2002— y Fortuna; en 1995 participó en la creación de la Fraternidad de Reporteros de México.

El 28 de agosto de 2011, tres días antes de su asesinato, se celebró una comida de egresados de la UPAEP. “Por ahí pasó corriendo Marcela”, cuenta Ana Lidya Flores, directora de Comunicación Institucional en la Ibero Puebla. “Quedamos en que íbamos a organizar una presentación de Contralínea en la Ibero. Así la recuerdo: sonriente, apresurada. Me dijo: ‘Tengo trabajo’, y concluí que era una pieza fundamental en el equipo de la revista que tanta incomodidad ha provocado a los traficantes del poder“.

Rocío era una periodista independiente, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y socia de la casa de cambio Eurodólar ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se inició también en Grupo Acir y después trabajó en Televisa 15 años, primero como redactora, luego como reportera cubriendo la fuente del aeropuerto en programas como 24 horas. Fue directora de comunicación social del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

En 2000 se trasladó a la provincia española de Almería, donde fue miembro de la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) hasta su regreso a México cinco años después. La ficha biográfica publicada por la asociación incluye entre sus trabajos el de analista de la presidencia de la República de 1981 a 1999, coconductora en Eco Noticias y realizadora del programa Rompiendo el silencio en Radiomil.

Era inteligente y excelente colega, precisa Rafael Vieyra Matuk, experiodista de Televisa: “Tenía facilidad para hacer amistad con la gente, siempre echada pa’delante, y para conseguir información. No tenía el ‘síndrome Televisa’ de sentirse más que otros reporteros”.

Su primer encuentro fue cuando le pidieron que buscara redactores para Antena Cinco: “Acudí a la Septién, pregunté y nada; de repente, vi una mano y alguien que dijo ‘yo’. Era Rocío, la única que se propuso. Su paso por la redacción fue corto, en poco tiempo ya era reportera; llegó a grandes ligas cuando cubrió la fuente del aeropuerto”.

Recuerda una vez en que consiguió una exclusiva, cuando Jacobo Zabludovsky era “el rey” en Televisa. En lugar de transmitir su información, se leyó un cable de la agencia Notimex. Rocío llamó directamente a Zabludovsky para reclamarle y él acabó ofreciéndole una disculpa.

Los periodistas que la conocieron coinciden en afirmar que tenía un carácter fuerte, “no se dejaba”. En una ocasión intentaron asaltarla en el garaje de su casa: al abrir la puerta de su camioneta, un hombre le apuntó con una pistola, pero ella le arrebató el arma y lo golpeó; el asaltante salió corriendo.

Marcela y Rocío siempre andaban juntas; “parecían comadres”, dicen. Algunos de sus amigos, consultados para este artículo, prefirieron no dar sus nombres. Tan solo recordar lo que les sucedió, explican, les causa tristeza, enojo y miedo.

Las periodistas se encargaban del cuidado de su familia: Marcela de sus hijos y Rocío de su padre. Ambas formaban parte del equipo editorial y de comercialización de la revista de promoción inmobiliaria Más que Casas, de la que solo aparecieron tres números. La publicación se canceló tras su asesinato.

La revista Contralínea condenó en un comunicado los crímenes de Marcela y de Rocío: “Con profunda tristeza, pero también con indignación, exigimos a las autoridades el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.

Con la consigna “El mayor crimen es el silencio; no nos callarán”, una docena de organizaciones de periodistas y de defensores de los derechos humanos realizó el 11 de septiembre una marcha desde el Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en protesta por los asesinatos y desapariciones ocurridos en el gremio periodístico.

Por la violencia utilizada, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Miguel Ángel Mancera, informó que la principal línea de investigación era el feminicidio. Según el artículo 148 bis del Código Penal del Distrito Federal: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”.

Karla Michel Salas Ramírez, abogada que participó en la elaboración de la iniciativa para tipificar este delito a nivel federal, considera que en los crímenes de Marcela y Rocío es posible identificar tres elementos relacionados con el género: los cuerpos aparecieron desnudos, lo que indica violencia sexual; los golpes en el tórax y las señales de estrangulamiento muestran violencia en su contra, y el hecho de que sus cuerpos hayan sido arrojados a la vía pública envía un “mensaje de terror hacia otras mujeres”.

Amnistía Internacional exigió a las autoridades que realizaran una investigación imparcial que llevara a los responsables ante la justicia. Pidió también que se determinara si su género y su trabajo periodístico pudieron influir en su asesinato.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a la condena de los crímenes y pidió una reparación justa para los familiares. Subrayó que la revista Contralínea y su equipo habían sido objeto de actos de intimidación y hostigamiento: amenazas, robo de equipos e información y demandas judiciales.

El 3 de octubre, Mancera informó que el robo de un millón de pesos fue el móvil de los homicidios, de acuerdo con la confesión de los responsables: Óscar Jair Quiñones Emmert y Lázaro Hernández Ángeles.

Marcela conocía a Quiñones Emmert desde hacía tres años, pues era el encargado de un estacionamiento de la calle de Humboldt en el que solía estacionar su vehículo. La había ayudado con algunos encargos, por eso le preguntó si los dueños del negocio, de nacionalidad china, podrían conseguirle dólares a una tasa menor, ofreciendo pagarle por su gestión. Semanas después, acordaron la transacción: un millón de pesos.

Una vez que Rocío recogió el dinero en Eurodólar, se dirigió con Marcela a encontrarse con Quiñones Emmert en el metro Iztacalco. Sobre el Eje 3, el hombre las convenció de dejar su vehículo y desplazarse en una camioneta Expedition.

Quiñones Emmert ya había citado a sus tres cómplices, que como él profesaban la santería, en una casa en construcción que pertenecía a su padrino santero Raúl Hernández, señala Reporte Índigo.

Una vez dentro, junto con Lázaro Hernández Ángeles, Jonathan González Tapia y un adolescente llamado Brian, se apoderaron del dinero y asesinaron a Marcela y Rocío para que no pudieran denunciarlos.

En noviembre, la PGJDF arrestó a Brian, y el 20 de junio de 2012 dio por concluida la investigación tras la detención de González Tapia, el cuarto y último participante, quien según la dependencia confesó que habían matado a Marcela y Rocío para robarles.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió la averiguación previa 108/FEADLE/2011, que más tarde fue remitida a la PGJDF por considerar que no se obtuvieron pruebas que permitieran acreditar que los crímenes se debieron a su actividad periodística.

Como resultado de las investigaciones derivadas de la averiguación previa FIZP/IZP-7/T1/1576/11-09 se ejerció acción penal contra Quiñones Emmert, Hernández Ángeles y González Tapia por los delitos de feminicidio agravado y robo agravado calificado, lo que dio origen a la causa penal 232/2011, radicada en el Juzgado Vigésimo Primero Penal de la Ciudad de México.

En octubre de 2012, un juez ordenó que Brian fuera recluido cinco años en la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando. Al año siguiente, el 23 de mayo, Hernández Ángeles fue condenado a 85 años de prisión y la reparación del daño. El 20 de abril de 2015 se decretó auto de formal prisión a Quiñones Emmert, quien aún no recibe sentencia.

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